La iniciativa, que busca regular el envío de publicidad directa invasiva, excede su propósito original, alterando la normal comunicación entre empresas y sus clientes.

Estamos de acuerdo que la protección al ciudadano de la amenaza y abuso a la vida privada debe ser una prioridad de Estado, Gobierno y una máxima para las empresas de un mercado, pero esta no debe afectar el derecho de un ciudadano a estar informado y a la opción del sector empresarial (grandes, medianos y pequeños) a poder desarrollar su negocio como parte del emprendimiento base de una economía. Esto habilita la “competencia perfecta”, donde la demanda tiene información para tomar decisiones por productos y servicios; y los oferentes pueden competir.

Entonces, cuando se busca legislar con (cierto) sesgo, perdiendo de vista el derecho del ciudadano a estar informado y con desconocimiento por parte de los legisladores de los soportes digitales existentes (agregando vacios en un proyecto de ley), es lo que nos invita a detenernos para revisar lo que se busca legislar. Por lo demás, las empresas de servicio y marcas que no respetan la privacidad de las personas (spamers) seguirán haciendo lo que hacen, estableciendo con este proyecto solo exigentes regulaciones sobre las compañías que lo hacen bien (se autorregulan y se compromenten a un marketing responsable).

El efecto negativo en las pymes o en una “start-up” también no ha sido considerado, ya que con las restricciones que se establecen será imposible activar comunicaciones para dar a conocer el nuevo y/o emergente negocio.

Sumemos a esto, que en el primer trámite legislativo de este proyecto no fueron escuchados representantes del sector privado, afectados por esta nueva normativa, ni hubo tiempo para un análisis acabado de los efectos colaterales que tendrá en la economía y en los propios consumidores.

El proyecto modifica la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC) y Ley de Protección de la Vida Privada (LPD). Dicho proyecto es impulsado por varios Senadores, y actualmente se encuentra discutiéndose en la Cámara de Diputados.

Autorización

Las empresas deben solicitar autorización expresa y previa a los consumidores para enviar comunicaciones y publicidad directa. Los contratos de adhesión quedarían sin efecto (permisos ya solicitados)

Restricción de los Horarios

Las comunicaciones publicitarias solo se efectuarían de lunes a viernes entre las 08:00 y 20:00 hrs (se prohíbe sábados y feriados)

6 Meses

De aprobarse este proyecto, entraría en vigencia en 6 meses después de su promulgación, para que las empresas puedan solicitar permisos a sus clientes y prospectos

Sanciones

El incumplimiento de esta ley podría generar sanciones hasta de 50 UTM por evento para empresas que infrinjan en la legislación

Efectos para la Industria

Esto tiene una serie de implicancias prácticas sobre un sinnúmero de actividades publicitarias.

  • Eventualmente las empresas no podrán enviar a sus actuales clientes correos electrónicos, mensajes de texto, ni contactar telefónicamente para darles a conocer alguna oferta de interés, a menos que éstos hayan autorizado expresamente recibir información publicitaria en un nuevo contrato específico.
  • Un gran número de conexiones proviene de empresas que no operan en nuestro mercado ¿Cómo será aplicable esta norma para las empresas internacionales sin presencia comercial en Chile?
  • No se establece diferencias en los tipos de conexiones telefónicas -que estamos de acuerdo que deben ser reguladas- de las comunicaciones publicitarias por otros medios electrónicos no invasivos. El actual proyecto no establece diferencias de llamadas realizadas en forma automatizada ni por empresas que operan fuera de Chile.

 

¿Cómo determinar el efecto potencial de la Ley de Marketing Directo en mi Organización?

El actual proyecto y/o las nuevas disposiciones demandan una revisión de los procesos de suscripción y desuscripción end-to-end, agregando mas rigor al manejo de datos en este aspecto. Las siguientes preguntas permitirán realizar un diagnóstico preliminar del riesgo al que esta expuesta su organización para comenzar a desarrollar un plan de trabajo que permita regular estos asuntos.

  • ¿Contamos un sistema de registro sobre una base de datos que establezca el permiso y condiciones de comunicación?
  • ¿El permiso se obtiene por cada canal de comunicación directa?
  • ¿El almacenamiento de los permisos de clientes se almacena de modo que quede disponible para todas las áreas que comunican a los clientes?
  • ¿La desuscripción de un cliente se obtiene por canal?
  • ¿La desuscripción de un cliente está disponible en línea para que los silos de comunicación respeten la decisión del cliente?
  • La suscripción y la desuscripción se manejan como base de dato para poder responder a eventuales demandas de un cliente?
  • Si externaliza procesos de comunicación, ¿la empresa de servicios de marketing o agencia tienen acceso a su registro de permisos y desuscripción en tiempo real?
  • Si su organización realiza investigación de mercado, ¿tiene un sistema de permisos por los tipos de proyecto que maneja y por los tipos de clientes finales que conecta?

Resulta inapropiado que iniciativas de ley que tienen tan amplio impacto sean impulsadas desde la sede legislativa sin haber efectuado la debida ponderación de todas las variables en juego. El mal uso proviene de métodos específicos de comunicación (teléfono, email), por lo que nuestra postura es regular lo que hoy está afectando al ciudadano, no haciendo totalmente restrictiva la comunicación y publicidad en Chile.