El Presidente del Consejo de Ética y Autorregulación de AMDD Chile, Cristián Maulén y diversos expertos, entregan sus perspectivas sobre las razones por las cuales se ha retrasado la tramitación del proyecto de ley en el Congreso.

Fue un 15 de marzo de 2017 cuando se concretó el último ingreso al Congreso de la República de un proyecto que pretende actualizar la Ley Nº 19.628 sobre la protección a la vida privada: el Boletín 11.092-07.

Dicho proyecto refunde un mensaje presidencial de Michelle Bachelet y una moción parlamentaria liderada por el ahora ex-Senador Felipe Harboe y el Senador Kenneth Pugh; documento cuyo propósito radica en establecer las condiciones regulatorias necesarias que permitan reforzar los derechos de los titulares de los datos, como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello propone crear la Agencia de Protección de Datos Personales, una autoridad pública técnica, que asuma un rol fiscalizador.

¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto de ley? 

El actual proyecto en tramitación, luego de tres años, avanzó durante diciembre de 2020 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado a la comisión de Hacienda del Senado para concluir su primer trámite constitucional, el que aún permanece estancado, pero que durante la última semana fue puesto en tabla, lo que permitirá en la práctica acelerar cierta voluntad parlamentaria por retomar la discusión.

Esta noticia, suma un incentivo más a las ya siete urgencias presentadas por diferentes sectores de los poderes del Estado. De momento, aún queda un largo camino por recorrer, pasando por la Cámara de Diputados, retornar al Senado y ser revisado por una comisión mixta para ser eventualmente aprobada.

El senador independiente, Kenneth Pugh comentó para Diario Financiero, que el estancamiento se debe a un tema de agenda de la Comisión de Hacienda, pero valora que se haya puesto en tabla.

Lamentablemente la Comisión de Hacienda está concentrada en temas relacionados a la crisis de la pandemia. Eso de alguna manera lo justificaría, no obstante, ahora que ya se han logrado acuerdos, estoy pidiendo que le demos la real importancia que esto merece. Con su discusión fue un punto de inflexión, ya que evidenció la voluntad política del Ejecutivo y del legislativo para continuar la tramitación de esta ley.

Senador Kenneth Pugh, para Diario Financiero.
¿Pero, cuenta Chile actualmente con una ley que proteja los datos personales de sus ciudadanos?

En el papel, Chile posee una normativa que data del año 1999 (Ley Nº19.628) que refiere a la protección de la vida privada de sus ciudadanos, la cual actualmente se encuentra completamente desactualizada del contexto global y de las exigencias internacionales como GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) de la Unión Europea o de tratados de libre comercio. 

Sin embargo, pese a lo complejo que ha resultado actualizar la normativa vigente, se han realizado algunos avances sustanciales en cuanto al reconocimiento de esta materia como por ejemplo, su consagración como derecho constitucional, incorporado en la Carta Magna de la nación en 2018 (Artículo 19, inciso 4) y la responsabilidad adjunta del Consejo para la Transparencia, que mantiene facultades vagas, pero propias, respecto del cumplimiento de la ley desde el mismo año.

El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.

Adición de Artículo 19, Nº 4 a la Constitución Política de Chile.

Pero pese a los avances y reconocimientos, los expertos aún insisten en actualizar la normativa.

La Ley responde a realidades completamente distintas; el Chile del 99’ y el de 2021 no son compatibles. Estamos sujetos a una normativa obsoleta, y cuando ello ocurre no hay certezas de que los derechos que consagran esas leyes sean justiciables por parte de los ciudadanos, pero tampoco hay certezas a la industria para el desarrollo de nuevas inversiones en materia de tratamiento de datos personales y eso es un problema”, asegura el exsenador Felipe Harboe, uno de lo impulsores del proyecto de ley.

¿Por qué es importante contar con una Ley de Protección de Datos actualizada y cuáles son sus efectos para la los ciudadanos y su economía?

Según el Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia, sus primeros resultados en 2009 daba cuenta que sólo el 14% de los chilenos consideraban “muy importante la protección de datos personales”, lo que al último reporte de 2019, alcanzó el 82%, lo que refleja el posicionamiento de la privacidad como un imperativo de la sociedad actual.

Hoy, la pandemia ha acelerado la digitalización de diversas entidades, lo que reafirma la necesidad de proteger los datos personales existentes en registros o bancos de datos públicos o privados. De ahí, que muchos no entiendan por qué este proyecto de ley sigue entrampado en su primer trámite constitucional en el Senado.

En la economía actual, los modelos de negocios asociados a la innovación y al uso de TI buscan diversificar sus operaciones en distintas geografías mediante el flujo transfronterizo de datos, donde la protección de estos y la seguridad de las transacciones se tornan requisitos básicos para aprovechar oportunidades a escala global. Estos principios son considerados en el actual proyecto de ley y por supuesto en diversos códigos de ética y autorregulación, los que se extraen de GDPR (Reglamento General de Protección de Datos)”, explica Cristián Maulén, Director del Observatorio Sociedad Digital Unegocios FEN de la U. de Chile y CEO de CustomerTrigger.

En la misma línea, el también Presidente del Consejo de Ética y Autorregulación de AMDD advierte sobre los efectos adversos que significa no estar suscrito a un correcto tratamiento de datos personales.

La participación de jugadores nacionales en las grandes ligas de la economía digital se dificulta en ausencia de reglas e instituciones idóneas que permitan regular y armonizar todos los intereses en juego, como por ejemplo en el tratado Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) con Nueva Zelanda y Singapur. Hay empresas que están sufriendo por no tener una ley actualizada.

Cristián Maulén, Director del Observatorio Sociedad Digital Unegocios FEN de la U. de Chile y CEO de CustomerTrigger. 

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