Cada vez más, como sociedad, hemos tomado importancia a la protección de nuestros datos personales y el tratamiento ético de aquellos que provienen de diversas fuentes. Sin embargo, Chile aún no cuenta con una actualización que garantice el real derecho de las personas ante un eventual uso indebido de su información.

Según el Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia, sus primeros resultados en 2009 daba cuenta que sólo el 14% de los chilenos consideraban “muy importante la protección de datos personales”, lo que al último reporte de 2019, alcanzó el 82%. 

Así mismo, uno de los grandes cambios detectados por la Radiografía del Ciudadano tras la crisis sanitaria, ha sido la creciente demanda de las personas ante las organizaciones de seguridad en el tratamiento de sus datos, sumado a un consentimiento libre e informado. Sobre todo, tras el sorpresivo crecimiento de la economía digital, donde uno de los grandes desafíos del país ha sido su aceleración. 

Pero pese a ser una tema contextual, la dilatada tramitación de una actualización a la ley N°19.628 sobre la Protección al Vida Privada, se ha extendido durante los últimos 12 años, desde que en el año 2008 Michelle Bachelet ingresó el primer boletín a la cámara de diputados, cumpliendo con uno de los requisitos impuestos por la OCDE para la incorporación de Chile a este organismo.

De ahí en adelante, se han presentado dos mensajes presidenciales más y una moción parlamentaria, esta última refundida e ingresada el 15 de marzo de 2017 al Congreso de la República; el último proyecto en tramitación cuyo propósito pretende ser la regulación de la protección y tratamiento de datos personales, junto con la creación de una agencia de protección de datos personales (APD).

El actual proyecto en tramitación, luego de tres años, avanzó de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado a la Comisión de Hacienda del Senado, donde está por concluir el primer trámite constitucional. Desde aquí debe recorrer un largo camino que incluye pasar a la Cámara de Diputados, volver al Senado y ser revisada por una comisión mixta para finalmente ser aprobada.

Según la abogada especialista en privacidad, ciberseguridad y propiedad intelectual del Estudio Jurídico Otero, Macarena López en conversación con Diario Financiero, la iniciativa sería promulgada y publicada el año pasado, junto al proyecto de delitos informáticos que también se tramita en el Congreso. No obstante, debido a la pandemia y a la falta de consenso entre los involucrados, se ha retrasado su tramitación, un tema que preocupa a varios actores, fundamentalmente por la aceleración de la digitalización este último año.

Pero pese a que todas las proyecciones apuntan a que el proyecto verá la luz verde durante 2022, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, puso suma urgencia al proyecto de ley de Protección de Datos Personales, durante su exposición en el seminario sobre el “Proyecto de Ley sobre Consolidación de Deudas”. 

Urgencia de la cual el Senador PPD y uno de los principales impulsores de esta materia, Felipe Harboe, también comparte, quien en conversación con Chile al Desnudo: el poder de los Datos, aseguró que “es muy importante avanzar en esta materia, porque el Chile del 1999 y el Chile de 2020 son completamente distintos y vemos cómo la aceleración digital nos llama a actualizarnos cuanto antes (…) debemos darle certezas a los ciudadanos y a la industria para el desarrollo a partir de la protección de datos personales”.

Pero desde una perspectiva empresarial, ¿en qué afectaría una eventual actualización a la normativa sobre protección de datos personales? 

Cristián Maulén, Presidente del Consejo de Ética y Autorregulación de la Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile – AMDD, es categórico al afirmar que la información es el factor productivo actual más importante en la economía digital, ante lo cual destaca la importancia del tratamiento ético de los datos de los clientes, más allá de lo que dictan las normas, asegurando que “el marketing y las comunicaciones deben atender a un espacio mucho más responsable de lo que vemos hoy, en su capacidad de entender que los datos no son propiedad de las organizaciones sino de los ciudadanos, tal como lo dictan las normas europeas, que por consiguiente logran establecer un mejor mercado”.

Así mismo, Maulén explica que “no les afecta” a las compañías del país una actualización a la Ley 19,628, sino todo lo contrario, porque “si bien demandará un costo por conceptos de mantenimiento de datos, costos tecnológicos y operativos, es insignificante en relación con las multas que arriesgarán una vez que entre en vigor la nueva normativa”.

En la misma línea, el Presidente del Consejo de Ética y Autorregulación de la AMDD certifica que “aunque quieran o no, las normativas de cumplimiento de protección de datos ya son un hecho, por lo que entre más nos retrasemos, significa una limitante el desarrollo del país y un desequilibrio de nuestras empresas ante las exigencias establecidas a nivel global, sobre todo en materias de economía digital”. 

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De acuerdo con este último punto, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Chile mantiene actualmente 29 acuerdos comerciales con 65 mercados, lo que representa el 67% de la población mundial y el 88% del PIB global, dentro de las cuales se incluyen negociaciones en materia como Economía Digital y Comercio Electrónico desde los años 90s, lo que en la práctica exige hoy una mayor rigurosidad en cuanto al tratamiento de datos comerciales, no sólo de los ciudadanos chilenos, sino también de los que provienen de aquellos mercados con los cuales el país se vincula.

Hoy, los modelos de negocios asociados a la innovación y al uso de TI buscan diversificar sus operaciones en distintas geografías mediante el flujo transfronterizo de datos, donde la protección de estos y la seguridad de las transacciones se tornan requisitos básicos para aprovechar oportunidades a escala global. La participación de jugadores nacionales en las grandes ligas de la economía digital se dificulta en ausencia de reglas e instituciones idóneas que permitan regular y armonizar todos los intereses en juego, como por ejemplo en el tratado Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) con Nueva Zelanda y Singapur.

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